Un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del teniente retirado de la Policía Nacional Bladimir Alberto Londoño Londoño, procesado por su presunta responsabilidad en el delito de desplazamiento forzado agravado.

Los hechos que motivaron la investigación se remontan a mayo de 2023, en una finca situada en el municipio de Rionegro (Oriente antioqueño), donde residía parte del núcleo familiar, trabajadores y menores de edad allegados al reconocido cantante de música popular Luis Alfonso.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el entonces oficial —quien se desempeñaba como comandante de la estación de Policía de la zona— protagonizó un ataque armado al disparar en múltiples ocasiones contra la fachada de la propiedad.

Tras el atentado inicial, que quedó registrado en cámaras de seguridad, la situación escaló a través de intimidaciones directas. La Fiscalía detalló que las víctimas y los mayordomos del predio comenzaron a recibir llamadas amenazantes y mensajes en los que se les otorgaba un plazo de apenas 24 horas para abandonar el lugar. En las advertencias se les exigía retirar las denuncias interpuestas bajo la intimidación de atentar directamente contra sus vidas, lo que obligó al grupo familiar —compuesto por varios adultos y menores— a desplazarse de manera forzada para salvaguardar su integridad.

En su momento, tras el llamado de los vecinos, una patrulla policial detuvo al oficial en flagrancia y le incautó el arma; sin embargo, en esa primera instancia judicial solo fue presentado ante un juez por el delito de daño en bien ajeno, recobrando su libertad a los pocos días. No obstante, meses más tarde fue destituido de la institución policial por faltas disciplinarias.

La investigación avanzó bajo los parámetros de violaciones a los derechos humanos hasta materializar su captura en una operación conjunta entre el CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar. Durante las audiencias concentradas, el exoficial no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía; empero, debido a la gravedad de los señalamientos y el riesgo para las víctimas, el despacho judicial determinó enviarlo a prisión mientras avanza el juicio en su contra.