Alerta ambiental y social por plan de Drummond para iniciar fracking de gas en el Cesar

La multinacional Drummond Energy confirmó su decisión de descartar la construcción de una planta regasificadora en el Caribe para volcar todos sus esfuerzos a la extracción de gas no convencional mediante fracturamiento hidráulico (fracking) en la cuenca Cesar-Ranchería. La compañía planea arrancar diálogos institucionales y comunitarios de inmediato con la meta de perforar su primer pozo exploratorio en menos de un año, proyectando el inicio formal de las operaciones para 2027. La iniciativa ha encendido las alarmas entre ambientalistas, líderes comunitarios y defensores del agua en la región.
El alcance de las operaciones proyectadas
El plan se enfoca en la formación geológica La Luna y contempla el desarrollo de cuatro contratos suspendidos para yacimientos no convencionales (CR-2, CR-3, CR-4 y La Loma), además de un contrato en asociación con Ecopetrol. Las áreas de influencia directa abarcan los municipios cesarenses de Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Agustín Codazzi y Bosconia. Según estimaciones técnicas del sector, la zona posee un potencial de hasta 20 tera pies cúbicos de gas de esquisto (shale gas), volumen que podría multiplicar de manera significativa las reservas energéticas del país.
Incertidumbre ambiental y debate social
El anuncio genera honda preocupación en municipios del centro del departamento del Cesar, donde la escasez de agua potable y el estrés hídrico ya constituyen una crisis recurrente para la población local. Diversos colectivos comunitarios cuestionan la elevada demanda de recursos hídricos que exige el fracturamiento hidráulico y advierten sobre eventuales riesgos de contaminación en los acuíferos subterráneos de la cuenca.
Por su parte, voceros de la multinacional afirman que las perforaciones se realizarán exclusivamente en zonas planas y despejadas, descartando intervenciones en parques naturales o áreas montañosas. Asimismo, la empresa sostiene que cumplirá con los protocolos técnicos del Ministerio de Minas y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la gestión del agua y la prevención de sismicidad inducida.
