Una verdadera bomba fiscal y administrativa acaba de estallar en las entrañas del Ejecutivo. La Presidencia de la República y los organismos de control han encendido las alarmas en nivel rojo tras el hallazgo de una preocupante seguidilla de contratos millonarios adjudicados sin sustento técnico, evidencias de ejecución ni justificación real en tres de las dependencias más poderosas del Estado: el Ministerio de la Igualdad, la Cancillería y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).

Las investigaciones preliminares advierten sobre un patrón sistemático de irregularidades que podría constituir un desfalco multimillonario a las arcas públicas. Se habrían comprometido recursos de la Nación para pagar servicios de consultoría, asesorías y contrataciones de personal que sencillamente no registran entregables, informes de gestión ni impacto alguno en las funciones de estas entidades.

Las tres dependencias en el ojo del huracán:

  • Ministerio de la Igualdad: En la cartera creada para erradicar las brechas sociales, las auditorías detectaron nóminas paralelas e informes vacíos que justificaron desembolsos multimillonarios a contratistas cuyos productos nunca aparecieron.
  • Cancillería: El Ministerio de Relaciones Exteriores registra convenios y contrataciones externas firmadas a contrarreloj, cuyos objetos contractuales carecen de sustento técnico y presentan graves vacíos en la supervisión de los pagos.
  • DAPRE: En el corazón del poder presidencial, las alertas se dispararon al rastrear pagos por servicios de «apoyo a la gestión» que jamás dejaron rastro documental ni justificación institucional viable.

Fuentes del Ejecutivo confirman que el propio Gobierno ha comenzado a congelar giros presupuestales e interponer denuncias formales ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación para frenar lo que analistas ya califican como un «festín de contratación» sin precedentes en estas carteras. Se anticipa una cascada de investigaciones disciplinarias y penales contra los ordenadores del gasto e interventores que firmaron las autorizaciones de pago sin verificar la existencia de los servicios.