En medio del debate nacional sobre la creación de nuevas entidades y la centralización de recursos, se conoció un hecho que ha encendido las alertas jurídicas y políticas: el denominado ‘Fondo Milagro’ —anunciado recientemente por el Gobierno Nacional— aún no se encuentra constituido legalmente.

Pese a que el proyecto y los propósitos de este fondo han acaparado la agenda pública y desatado discusiones sobre su verdadero alcance, los documentos jurídicos para su creación formal continúan en trámite. Lo que más ha llamado la atención de diversos sectores es que, de acuerdo con los borradores y diseños institucionales conocidos hasta el momento, la estructura de gobernanza de la entidad contemplará la participación de cinco delegados designados directamente por el Presidente de la República.

Esta configuración ha generado un fuerte pulso político. Mientras los defensores de la iniciativa argumentan que la presencia de delegados del alto gobierno garantizará una ejecución rápida, coordinada y alineada con las metas de desarrollo social, los críticos y opositores han puesto el grito en el cielo. Sectores políticos y académicos advierten sobre un posible riesgo de concentración de poder, escasa independencia técnica y un manejo político de los recursos que este fondo proyecta administrar.

Por ahora, los gremios, veedurías ciudadanas y expertos en contratación estatal se mantienen atentos a los decretos reglamentarios definitivos que den luz verde a su constitución, exigiendo mayor transparencia y contrapesos institucionales para evitar que el fondo opere bajo un esquema de control excesivamente centralizado.