Las secretarías de movilidad y los organismos de tránsito en las principales ciudades del país encendieron los radares y comenzaron a desplegar estrictos operativos de control focalizados en las motocicletas que alteran sus sistemas de escape para generar altos niveles de ruido.

La ofensiva institucional se ampara en la implementación de la Ley 2450 (conocida como la Ley Antirruido), la cual dota a las autoridades de herramientas jurídicas y técnicas —como sonómetros homologados— para sancionar drásticamente la contaminación auditiva que afecta la tranquilidad de los entornos urbanos.

Los puntos clave de esta ofensiva nacional contra el ruido excesivo son los siguientes:

  • Sanciones económicas severas: Los conductores que sean sorprendidos infringiendo las normas de emisión de ruido o utilizando exostos adulterados se enfrentan a comparendos cuyos valores superan el millón de pesos (equivalentes a las multas por infracciones ambientales y de tránsito tipo D17), además de arriesgarse a la inmovilización inmediata del vehículo.
  • Límites permitidos: La normativa establece un tope máximo de decibeles permitidos para motocicletas (generalmente fijado en los 86 decibeles según el cilindraje y diseño). Cualquier alteración artesanal o uso de resonadores no homologados supera dichos umbrales técnicos.
  • Protección a piezas de fábrica: El Ministerio de Transporte ha aclarado que los dispositivos de escape originales con los que sale el vehículo de concesionario no son objeto de sanción, centrando el pulso exclusivamente en las modificaciones ilegales.
  • Operativos en vía y CDA: Los controles se ejecutan tanto en puestos de control móviles ubicados en corredores viales estratégicos como mediante revisiones especializadas en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).

Las autoridades locales advirtieron que los puestos de control y las mediciones acústicas continuarán intensificándose de manera sorpresiva en diferentes localidades del territorio nacional, con el propósito de devolverle la tranquilidad nocturna a la ciudadanía y frenar el uso masivo de accesorios prohibidos en las vías.