En una operación histórica enmarcada en la cooperación bilateral contra el narcotráfico, un avión militar C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó desde suelo costarricense con un cargamento de 45 toneladas de cocaína con rumbo a territorio estadounidense, donde se procederá a su destrucción definitiva.

El operativo logístico se llevó a cabo en la Base 2 del Ministerio de Seguridad, ubicada en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en las afueras de San José. La droga transportada fue incautada durante los últimos meses en diversos operativos policiales ejecutados por las autoridades costarricenses, en muchos casos con el valioso apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Limitaciones presupuestarias y alta seguridad

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, explicó que la decisión de enviar el estupefaciente fuera del país responde estrictamente a limitaciones presupuestarias y de capacidad logística local para destruir un volumen de esta magnitud de forma segura.

«Por las limitaciones presupuestarias no podíamos hacer la destrucción (de la droga) en el país», reconoció el fiscal general, destacando el respaldo de los socios internacionales.

Por su parte, el Ministerio Público indicó que el cargamento —cuyo valor en el mercado negro internacional podría superar los 1.000 millones de dólares— representaba un reto logístico y de seguridad para su custodia prolongada en bodegas nacionales. Para garantizar la transparencia del proceso, un juez de la República de Costa Rica acompañó todo el procedimiento de entrega y supervisó el embarque rumbo a los Estados Unidos.

Cooperación regional

Analistas y autoridades señalan que la ubicación geográfica de Costa Rica, al igual que la de otras naciones de Centroamérica, la convierte en un punto clave de tránsito y almacenamiento temporal de drogas enviadas desde Suramérica hacia los mercados de consumo en Norteamérica.

Este tipo de acciones conjuntas reafirman la alianza estratégica entre Costa Rica y Estados Unidos para golpear las finanzas de las estructuras criminales y evitar que los estupefacientes incautados corran el riesgo de retornar de alguna manera al mercado ilegal.