En medio de una grave crisis ambiental provocada por múltiples conflagraciones forestales que consumen miles de hectáreas en varias regiones del país, la administración encabezada por el mandatario Abelardo De La Espriella lanzó una vehemente denuncia pública al señalar que detrás de varios de los focos más críticos existen manos criminales actuando de manera deliberada. Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno Nacional ordenó activar de inmediato los protocolos de cooperación internacional para solicitar asistencia técnica y operativa especializada a Estados Unidos y Chile.

La alerta máxima se focaliza en el departamento del Tolima, una de las zonas más impactadas por el fuego. De acuerdo con los informes suministrados por las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo, en municipios como Suárez, Coello y San Luis se han detectado patrones atípicos en el inicio y la propagación de las llamas.

Indicios de sabotaje e incendios intencionales

Los reportes técnicos recopilados por las brigadas en terreno sugieren el uso de sustancias acelerantes e inflamables en puntos estratégicos de vegetación seca, lo que ha facilitado una expansión vertiginosa de las llamas difusa de controlar por las vías convencionales.

Las denuncias no se limitan únicamente al inicio del fuego. Mandatarios locales e integrantes de las comunidades rurales han reportado la presencia de personas sospechosas movilizándose en motocicletas, a quienes se les atribuye la reactivación intencional de focos que ya habían sido controlados por los cuerpos de bomberos.

  • Afectación en Tolima: Se estiman más de 22.000 hectáreas consumidas por la conflagración, destruyendo ecosistemas estratégicos, cultivos agrícolas y zonas de reserva.
  • Sabotaje a labores de rescate: El Ejecutivo advirtió sobre maniobras destinadas a obstaculizar el despliegue del personal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Cruz Roja y las Fuerzas Militares.
  • Afectación a la fauna y comunidades: Docenas de familias han tenido que evacuar zonas rurales, mientras que el impacto ecológico sobre la fauna silvestre alcanza niveles alarmantes.

Solicitud de cooperación internacional

Ante la capacidad operativa desbordada en los puntos de mayor severidad, la UNGRD inició formalmente los trámites para convocar el respaldo de agencias internacionales. La elección de Estados Unidos y Chile responde a la amplia trayectoria operativa, aeronaves de descarga masiva (como aviones tanqueros de gran capacidad) y tecnología de mapeo térmico que poseen ambas naciones para encarar incendios de quinta y sexta generación.

A nivel nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército han intensificado las descargas de agua mediante el sistema Bambi Bucket, aunque las adversas condiciones meteorológicas y los vientos cruzados han dificultado las maniobras en los cañones más profundos de la región andina.

Refuerzo de la fuerza pública y judicialización

En un firme mensaje transmitido a la opinión pública, el mandatario Abelardo De La Espriella aseguró que no se permitirá que estructuras delictivas ni particulares utilicen el desastre natural con fines de desestabilización o terrorismo ambiental.

«Quien incendia nuestros campos, destruye el patrimonio natural o sabotea las labores de socorro será perseguido y tratado con todo el rigor de la ley como un criminal de alta peligrosidad.»

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desplegaron un grupo especializado de inteligencia e investigación criminal para recolectar pruebas en el territorio, identificar las placas de los vehículos avistados en las zonas de origen del fuego y dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales de estos ecocidios. Se prevé que en las próximas horas se anuncie un paquete de recompensas económicas para incentivar la denuncia ciudadana.