La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) ha encendido de nuevo la discusión sobre la soberanía energética del país al solicitar oficialmente la reactivación de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) de yacimientos no convencionales, conocidos como fracking, ubicados en los departamentos de Cesar y Santander.

¿Por qué la reactivación?

La petición del gremio gasífero surge en medio de las crecientes alertas por el desabastecimiento de gas natural y la necesidad de asegurar la autosuficiencia energética a mediano y largo plazo:

  • Soberanía energética: Según Naturgas, reactivar los proyectos piloto Kale y Platero —suspendidos y bloqueados administrativamente— permitiría obtener datos científicos reales sobre el potencial de las reservas sin comprometer los ecosistemas locales.
  • Déficit de reservas: El gremio advierte que Colombia cuenta con reservas probadas de gas limitadas (aproximadamente para menos de 7 años), por lo que explorar los yacimientos no convencionales en la cuenca del Valle Medio del Magdalena es crucial para evitar la dependencia de importaciones costosas.
  • Seguridad operacional: Insisten en que la fase piloto no es explotación comercial masiva, sino un ejercicio estricto de recolección de información ambiental y técnica bajo monitoreo institucional.

La postura gubernamental y el choque normativo

La solicitud de Naturgas choca directamente con la política ambiental y energética del Gobierno Nacional, que mantiene su postura de transición energética justa y de rechazo a la técnica de fracturamiento hidráulico:

  • Freno a licencias: Las iniciativas legislativas y decisiones administrativas del Ministerio de Ambiente han buscado prohibir la exploración de no convencionales en el territorio nacional.
  • Oposición comunitaria: Diversas organizaciones ambientales y colectivos sociales en Santander y Cesar han reiterado su rechazo, alertando sobre el posible impacto en los acuíferos subterráneos y las fuentes hídricas de la región.

Lo que está en juego

El debate pone sobre la mesa el dilema entre acelerar la transición hacia energías limpias o garantizar el suministro de gas a más de 10 millones de hogares colombianos que dependen diariamente de este recurso para cocinar y para la generación eléctrica.