Una ola de repudio nacional sacude al país tras conocerse un repudiable acto de desprecio e indolencia animal en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Una pareja de pasajeros, tras enfrentar trabas con los papeles sanitarios de sus mascotas provenientes del exterior, tomó la fría decisión de abandonar a su propia suerte a dos perros en las instalaciones de la terminal aérea para continuar con su itinerario de viaje sin importarles nada.

El reprochable episodio dejó atónitos a los funcionarios de control y a los viajeros presentes. Lejos de asumir la responsabilidad que implica tener un animal de compañía, los propietarios decidieron dejar a los indefensos caninos tirados en el área de inspección y embarcarse campantes rumbo a su destino.

Clamor por justicia implacable y castigo migratorio

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades distritales y colectivos de protección animal no escatimaron calificativos para repudiar lo ocurrido y anunciaron acciones contundentes por vía penal:

  • Acción ante la Fiscalía: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) confirmó que el caso fue escalado formalmente ante las autoridades competentes para que los dueños respondan penalmente por el delito de maltrato animal.
  • Cerco diplomático y migratorio: Líderes de opinión y defensores de los derechos de los animales lanzaron un enfático llamado a las autoridades consulares y a la Embajada de Estados Unidos para que les sea revocada de inmediato la visa a estos ciudadanos, argumentando que personas capaces de semejante crueldad no merecen conservar privilegios de tránsito internacional.

«El abandono no es un simple descuido, es una forma atroz de crueldad; esta gente demostró una absoluta falta de empatía que debe castigarse con todo el peso de la ley», reclamaron organizaciones animalistas.

Por fortuna, los dos peludos fueron puestos a salvo de manera oportuna por las autoridades ambientales y ya se encuentran bajo el cuidado médico y de protección del Distrito, mientras avanza la cacería jurídica para identificar plenamente a los infractores y obligarlos a enfrentar a la justicia.