El presidente Abelardo De La Espriella ha desencadenado una intensa controversia nacional tras ratificar su propuesta de reestructuración del sistema penitenciario en Colombia. Dentro de su paquete de medidas de seguridad, el mandatario busca implementar la obligatoriedad del trabajo para la población carcelaria. La iniciativa pretende que los reclusos financien su propio mantenimiento —incluyendo alimentación, servicios y custodia— mediante actividades productivas, eliminando la carga que estos representan para el presupuesto público.

La medida forma parte de la nueva política de «mano dura» e infraestructura penitenciaria impulsada por el Ejecutivo, la cual contempla además la construcción de megacárceles de máxima seguridad.

Los ejes centrales de la propuesta carcelaria:

  • Fin de la gratuidad: El modelo busca que los PPL (Personas Privadas de la Libertad) generen ingresos a través de mano de obra en infraestructura, talleres industriales o labores agrícolas para cubrir los costos directos de su estadía.
  • Resocialización por el trabajo: Según el Gobierno, la incorporación de disciplina laboral obligatoria evitará que los centros de reclusión sigan funcionando como centros de mando delictivo y extorsivo.
  • Concesión a privados: La propuesta contempla la participación del sector privado en la administración y construcción de nuevos centros penitenciarios, donde la mano de obra reclusa desempeñará un rol operativo clave.
  • Debate legal y derechos humanos: Sectores de la oposición y juristas han advertido que la medida enfrentará barreras constitucionales y tratados internacionales de derechos laborales, al tiempo que defensores de la iniciativa señalan que modelos similares operan con éxito en otros países.

El proyecto de norma o reforma legal para reglamentar el trabajo obligatorio en las cárceles será radicado en las próximas semanas, marcando uno de los debates legislativos y judiciales más álgidos de la nueva administración.