La incertidumbre y el temor se apoderaron de Santander y Norte de Santander tras una fulminante decisión del Ministerio de Ambiente. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella revocó oficialmente la Resolución 0994, la norma de protección especial expedida por la administración saliente que prohibía de forma tajante las actividades mineras en cerca de 1.500 hectáreas de la microcuenca La Baja, en el corazón del ecosistema de Santurbán.

La medidó cayó como un balde de agua fría sobre los ambientalistas y comunidades locales. El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán calificó el hecho como una «amenaza directa e inminente» sobre la principal fuente hídrica que abastece al Gran Bucaramanga y a decenas de municipios. Colectivos sociales advierten que levantar este blindaje le abre la puerta a megaproyectos extractivos de oro y minerales en la zona, poniendo en riesgo latente la seguridad hídrica de más de dos millones de colombianos.

El choque institucional y las protestas en ciernes:

  • La versión del Gobierno: El Ejecutivo defiende la revocatoria argumentando que la norma anterior fue expedida de manera «exprés» y sin rigor técnico ni participación ciudadana. Sostienen que iniciarán un nuevo proceso de evaluación que garantice la «imparcialidad».
  • La furia ecologista: Líderes ambientales sostienen que se trata de un retroceso histórico para el medio ambiente. Anunciaron acciones jurídicas inmediatas y una gran movilización social para frenar cualquier intento de explotación en las entrañas del páramo.

Con los ánimos al límite y la amenaza de paros regionales, la controversia por Santurbán sitúa al Gobierno en el centro de una tormenta social de proporciones incalculables, donde el destino del agua potable vuelve a jugarse en los tribunales y en las calles.