Indignación total y un profundo rechazo nacional ha generado el más reciente movimiento dentro del Ejecutivo y la Policía Nacional. En una decisión que muchos califican como una afrenta directa a la justicia y un caso de blindaje institucional, el polémico coronel Carlos Feria —exjefe de Seguridad Presidencial y salpicado por graves procesos judiciales— no solo recibió honores y una condecoración oficial del Gobierno de Gustavo Petro, sino que fue puesto al frente de la Escuela de Protección y Servicios Especiales de la Policía (ESPRO), la unidad encargada de formar a quienes protegen las instituciones del país.

La movida causa estupor en la opinión pública debido al oscuro historial que pesa sobre el oficial. Feria está en el ojo del huracán judicial por el escándalo de las «chuzadas» ilegales y la prueba abusiva de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Pese a estar formalmente imputado y ad portas de juicio por delitos como abuso de función pública y peculado por uso, el Ejecutivo decidió otorgarle honores oficiales y entregarle el control académico y operativo de la formación en protección de la fuerza pública.

Los puntos clave de la controversia:

  • Premiado en pleno vendaval judicial: Mientras la Fiscalía General de la Nación busca llevarlo a juicio por el uso indebido de los recursos del Estado e interceptaciones ilegales, el Gobierno le otorga una alta distinción honorífica por su «desempeño».
  • Control total de la doctrina de protección: Al asumir como jefe de la Escuela de Protección de la Policía (ESPRO), el cuestionado coronel ahora dictará los parámetros éticos, tácticos y doctrinarios para la formación de los agentes que custodian a los más altos dignatarios e instituciones de Colombia.
  • Precedente alarmante: Sectores de la oposición, juristas e integrantes de la reserva activa han calificado este ascenso e instructivo como un mensaje devastador para el mérito policial y la transparencia, interpretándolo como un premio al «silencio» y la «lealtad incondicional» por encima del cumplimiento de la ley.

La indignación crece ante el silencio del Ministerio de Defensa y la cúpula policial, mientras diversos sectores exigen explicaciones inmediatas sobre cómo un oficial procesado penalmente por abusos de poder termina al frente de la academia que instruye a las fuerzas de protección de la Nación.