Un grave caso de vulneración de derechos y presuntos malos tratos sacude a una de las sedes operativas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Un menor de edad bajo protección del Estado fue sorprendido atado a una silla como medida de castigo disciplinario por haber roto accidentalmente un plato en las instalaciones del centro zonal.

La denuncia, acompañada de registros gráficos que rápidamente circularon entre los veedores de infancia, generó una ola de indignación nacional y condena absoluta por parte de organizaciones defensoras de los derechos de la niñez, que calificaron el hecho como un acto de tortura psicológica y física inaceptable dentro de una institución cuya misión es proteger y garantizar el bienestar de los menores.

La denuncia y el rechazo institucional

De acuerdo con los reportes preliminares, el aberrante castigo habría sido impuesto por personal encargado del cuidado directo del menor, quienes recurrieron a métodos coercitivos prohibidos por los protocolos internacionales y la ley colombiana para sancionar una falta menor de convivencia.

«Es completamente infame que un lugar que debe ser un santuario de protección para los niños más vulnerables se convierta en un espacio de castigos crueles. Esto demuestra fallas sistémicas en la selección, capacitación y supervisión del personal de apoyo en las sedes del ICBF», expresó un defensor de derechos de la infancia.

Tras conocerse el escándalo, la Dirección Nacional del ICBF emitió un comunicado de urgencia anunciando la suspensión inmediata y apertura de investigación disciplinaria a los funcionarios y cuidadores presuntamente implicados en el hecho. Asimismo, un equipo de verificación de derechos y defensoría de familia fue desplazado a la sede para evaluar las condiciones psicológicas del menor afectado y garantizar su reubicación en un entorno seguro.

Medidas y exigencias de control

El caso ha encendido las alarmas en el Congreso de la República y los órganos de control (Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo), desde donde se exigió una auditoría exhaustiva e imprevista a todos los hogares de paso y centros de protección del ICBF a nivel nacional, con el fin de evitar que se repitan tratos crueles, inhumanos o degradantes contra la niñez vulnerable del país.