Una feroz batalla mediática y jurídica acaba de encender los reflectores sobre el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. El representante a la Cámara por las comunidades afro, Óscar Benavides, irrumpió con furia en los medios de comunicación para defenderse de una aplastante denuncia penal que lo acusa de estafa, captación masiva e ilegal de dinero y peculado por apropiación, tras supuestamente recibir aportes multimillonarios dirigidos a las víctimas del terremoto en sus cuentas bancarias personales.

La controversia escaló a niveles críticos luego de que se radicara un expediente de 21 páginas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde se solicita rastrear de forma urgente la trazabilidad bancaria de más de $300 millones reunidos informalmente. Lejos de amedrentarse, el legislador estalló en vivo durante entrevistas radiales, acusando a los medios de comunicación y al «establecimiento» de orquestar una persecución política, «tirar veneno» y criminalizar la solidaridad del pueblo negro.

El expediente se encuentra ahora en el despacho del magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción, quien definirá en las próximas horas si abre formalmente una indagación preliminar contra el congresista.