El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, encendió las alarmas a nivel nacional tras rechazar rotundamente los cuestionamientos y denuncias presentados contra los convenios interadministrativos suscritos entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En una fuerte declaración, el funcionario afirmó que los ataques jurídicos y políticos contra los procesos de compra y titulación de predios no buscan combatir la corrupción, sino «regresarle la tierra a las estructuras mafiosas y al paramilitarismo».

La defensa de los convenios entre la ANT y la SAE

Las declaraciones de Harman se dieron en respuesta a los hallazgos del denominado equipo de empalme, que anunció acciones disciplinarias y penales ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en contratos. El director de la ANT fue enfático al señalar que el traspaso de bienes extinguidos al narcotráfico y al paramilitarismo hacia manos campesinas cuenta con todas las blindajes jurídicos, fiscales y constitucionales. Explicó que los giros a la SAE han operado como un fondo de garantías para proteger a las familias campesinas y asegurar que, ante cualquier revés judicial, se devuelvan los recursos equivalentes y no los predios a los despojadores.

Presión sobre los predios y alerta de despojo

El jefe de la autoridad de tierras alertó además sobre un «patrón de amedrentamiento y hostigamiento» en departamentos como Córdoba, Meta, Cesar y la región del Magdalena Medio. Denunció que familias beneficiarias de la reforma agraria están recibiendo presiones e intimidaciones armadas para abandonar las fincas adjudicadas por el Estado. Harman hizo un llamado vehemente a las autoridades judiciales para blindar la protección de los campesinos y evitar que el país atraviese por un nuevo ciclo de contrarreforma agraria y despojo.