El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, solicitó al Gobierno Nacional expedir un decreto que permita destinar la gasolina y el ACPM decomisados en operativos contra el contrabando y el hurto de hidrocarburos al abastecimiento de maquinaria amarilla asignada a obras de gestión del riesgo y atención de emergencias.

El mandatario departamental envió la solicitud directamente al presidente Abelardo De La Espriella tras los recientes anuncios del Ejecutivo sobre el fortalecimiento de la lucha contra el robo de combustibles en el país.

Una solución a los cuellos de botella logísticos

De acuerdo con el gobernador, el esquema actual plantea complejas dificultades de almacenamiento y custodia en las regiones. En la actualidad, el combustible incautado suele ser remitido a inspecciones de policía locales, las cuales carecen de la infraestructura y los protocolos de seguridad necesarios para acopiar derivados del petróleo de forma segura y permanente.

  • Aprovechamiento de recursos: Convertir material proveniente del delito en insumos operativos controlados por el Estado para la atención de comunidades vulnerables.
  • Operatividad constante: Abastecer de forma continua tractores, retroexcavadoras y volquetas encargadas de la limpieza de cauces, dragados y mitigación de inundaciones.
  • Condiciones legales: La transferencia de los hidrocarburos a las gobernaciones se realizaría una vez definida la situación jurídica de los insumos y bajo la supervisión de las autoridades competentes.

Respuesta ante la temporada invernal

Arana enfatizó que la maquinaria pesada de los departamentos requiere volúmenes constantes de ACPM y gasolina para mantenerse desplegada en los puntos críticos golpeados por las lluvias.

«Expida un decreto, presidente, para que toda la gasolina que sea incautada se le entregue a los gobernadores del país y así usarla para maquinaria amarilla en trabajos de prevención del riesgo de desastres», manifestó el mandatario regional.

Con esta propuesta, las administraciones territoriales buscan agilizar la capacidad de respuesta operativa frente a las contingencias climáticas sin generar costos adicionales sobre el presupuesto de gestión del riesgo. Se espera que la Casa de Nariño y los ministerios del Interior y de Minas y Energía evalúen la viabilidad jurídica y técnica del decreto planteado.