El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, expidió el Decreto 1446 de 2026, mediante el cual se modifican las reglas de reparto para las acciones de tutela.

La normativa establece que los recursos de tutela interpuestos por ciudadanos contra actuaciones u omisiones del jefe de Estado en ejercicio de sus funciones volverán a ser asignados, en primera instancia, al Consejo de Estado.

Esta medida revierte el cambio implementado durante la administración anterior (Gobierno de Gustavo Petro), la cual había dispuesto en 2025 que dichas acciones fueran repartidas inicialmente entre los jueces de circuito o de categoría similar.

Desde el Ministerio de Justicia se defendió la modificación bajo el argumento de devolver al máximo tribunal de lo contencioso-administrativo el conocimiento de los recursos que involucran de manera directa al primer mandatario, un movimiento de carácter administrativo que no elimina ni restringe el derecho constitucional de los ciudadanos a interponer acciones legales en defensa de sus derechos.

Las tutelas que ya se encontraban en curso bajo las reglas anteriores mantendrán su trámite en los despachos donde fueron inicialmente asignadas.