La tensión entre el Gobierno nacional y los defensores del medio ambiente escaló a un nuevo nivel después de que la administración de Abelardo de la Espriella decidiera revocar la resolución que extendía la vigencia de la reserva temporal y las medidas de protección sobre el páramo de Santurbán.

La decisión gubernamental tumba la ampliación que resguardaba decenas de miles de hectáreas de ecosistemas estratégicos en la región nororiental, desatando el rechazo inmediato de colectivos ciudadanos, líderes regionales y organizaciones ecológicas que advierten sobre los riesgos para las fuentes hídricas que abastecen a millones de habitantes.

Reacción de los ambientalistas y ultimátum

Ante lo que califican como un golpe frontal a la conservación de los recursos naturales en favor de las industrias extractivas, el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán alzó su voz de protesta y exigió al Ejecutivo dar marcha atrás.

La organización fijó un ultimátum claro al Gobierno nacional, exigiéndole que active de inmediato los mecanismos de consulta pública para definir el futuro de la reserva natural:

«El 13 de noviembre es la fecha límite para que saquen a consulta pública la reserva natural para proteger Santurbán; si no lo hacen, nos toca movilizarnos en Bogotá», advirtió el Comité a través de sus canales oficiales.

Un pulso histórico por el agua

La medida adoptada por la administración de De la Espriella vuelve a encender el histórico debate que enfrenta los intereses de la minería a gran escala y la protección del agua en municipios de Santander y Norte de Santander como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y el área metropolitana de Bucaramanga.

Mientras sectores gremiales y partidarios del Ejecutivo defienden la necesidad de otorgar seguridad jurídica a la actividad minera formal, las veedurías ciudadanas se preparan para un nuevo pulso jurídico y social que promete trasladarse a las calles de la capital del país si no se atienden sus exigencias de salvaguarda ambiental.