Por medio de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella rechazó los riesgos de seguridad que estarían corriendo los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y ordenó que se tomen medidas inmediatas para garantizar su protección.

“Lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo. Quien se mete con la Corte, se mete con el Presidente de la República”, afirmó el mandatario.

Además, ordenó a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección reforzar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los magistrados.

“En Colombia nadie puede amenazar, intimidar o pretender doblegar a un magistrado o a un juez y creer que no habrá consecuencias. A quien lo intente le caerá todo el peso de la ley”, agregó.

También advirtió que no importa el sector desde donde vengan las intimidaciones, caerá todo el peso de la ley: “sea quien sea que esté detrás de estas amenazas —Kiko Gómez o cualquier otro— será identificado, perseguido y llevado ante la justicia”.

Finalmente recalcó que el Gobierno se rige por el principio del respeto por las instituciones: “se respeta a los jueces, se les garantiza su independencia y la justicia no se intimida”.

Uno de los hechos que encendió las alarmas ocurrió en la sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. En el despacho de Pedro Luis Bonilla Bolaños, procurador delegado para Casación Penal que intervino en el proceso contra Gómez Cerchar, fue encontrada una bala, y posteriormente se reportaron daños en las ventanas de la oficina que habrían sido ocasionados por impactos. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer el origen del proyectil y determinar si se trató de un acto de intimidación o de una circunstancia diferente.

La situación adquirió mayor relevancia debido a que, en los últimos días, también se habían conocido advertencias sobre eventuales riesgos contra funcionarios que participaron en el proceso. La Corte relacionó estas preocupaciones con la decisión adoptada el pasado 29 de abril, cuando la Sala de Casación Penal revocó una determinación anterior y condenó a ‘Kiko’ Gómez a 31 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado. Sin embargo, hasta ahora no existe una conclusión oficial que permita atribuirle al exgobernador la autoría o responsabilidad por los hechos registrados en la Procuraduría.

Por: Fabian Trujillo