El Gobierno nacional, en conjunto con representantes del sector productivo y agremiaciones, puso en marcha una estrategia integral orientada a reducir la informalidad laboral en el país, indicador que se ubica en el 54,5 % a nivel nacional y alcanza el 83,2 % en las zonas rurales.

La iniciativa se estructuró a partir de un estudio técnico entregado por la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas), el cual recopila 30 alternativas concretas para derribar las barreras de acceso al empleo formal. El plan está diseñado para desarrollarse a través de cuatro ejes fundamentales: fortalecer la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), disminuir los costos y trámites de formalización, brindar acompañamiento y protección social a los trabajadores, y ampliar las oportunidades laborales focalizadas en jóvenes y mujeres.

Durante la presentación del documento —en la que participaron altos funcionarios del Ejecutivo, del Congreso y dirigentes gremiales— se destacó la necesidad de crear mecanismos flexibles, como un régimen simplificado que permita integrar las obligaciones de seguridad social en pagos proporcionales a los ingresos reales de independientes y pequeños empleadores.

Como siguiente paso, el Ministerio del Trabajo liderará mesas técnicas conjuntas a partir de la próxima semana para evaluar la viabilidad de las medidas, priorizar planes piloto y consolidar políticas públicas de largo plazo basadas en evidencia que garanticen una transición efectiva hacia el trabajo formal y digno.