¡La controversia está encendida y la zozobra recorre al sector de la seguridad privada! La eliminación de controles e inspecciones gubernamentales sobre la jornada laboral ha despertado un fuerte debate nacional ante el temor de que miles de guardias de seguridad pierdan el reconocimiento y pago de sus horas extras.

La derogación de medidas de inspección laboral desata una ola de indignación. El gremio de la seguridad privada advierte sobre abusos de jornadas extenuantes sin el respectivo recargo ni compensación legal.

Un clima de alta tensión e incertidumbre se apodera de miles de guardias de seguridad en todo el país. La decisión del Ejecutivo de derogar decretos e inspecciones a las jornadas de trabajo y horas suplementarias en el sector de la vigilancia privada ha encendido las alarmas sindicales. Trabajadores y voceros del gremio afirman que esto abre la puerta para que las empresas de seguridad dejen de pagar recargos y tiempo extra.

Durante años, la Ley del Vigilante (Ley 1920) y las normativas del Ministerio del Trabajo fijaban estrictos controles sobre el límite de turnos (hasta 12 horas diarias con un máximo de 60 semanales incluyendo recargos). Sin embargo, la suspensión de los mecanismos gubernamentales de fiscalización deja la concertación de estos pagos a merced de acuerdos internos, lo que según los denunciantes se traducirá en extensión de turnos sin la debida remuneración.

Las 3 grandes amenazas para los guardias de seguridad

  • Turnos de hasta 12 horas «a precio ordinario»: Los sindicatos señalan que al desmontar la supervisión estricta de las autoridades administrativas, muchas empresas obligarán a cumplir jornadas extendidas recortando la liquidación de las horas suplementarias.
  • Precarización del salario mensual: Los recargos nocturnos y dominicales representan hasta un 40% del ingreso real de un vigilante en Colombia. Su eventual desconocimiento o dilución golpeará de lleno el sustento de miles de familias.
  • Falta de respaldo institucional: Al eliminar los esquemas previos de autorización e inspección, las denuncias por abusos laborales y falta de pago de tiempo extra podrían quedar represadas o sin sanciones oportunas para los empleadores.

«Nos quieren obligar a regalar nuestro tiempo libre. Salimos de madrugada a arriesgar la vida para proteger bienes ajenos y ahora pretenden quitarnos el pago justo de la jornada extra. Esto es un atropello masivo a nuestros derechos.» — manifestaron voceros del sector en medio de movilizaciones.

Desmentidos y la postura de la administración

Por su parte, voceros oficiales e integrantes del gabinete han salido al paso de los señalamientos para negar que exista la intención de despojar a los trabajadores de sus derechos adquiridos o implementar cobros arbitrarios. Según la versión gubernamental, la derogación de ciertos decretos busca desglosar trámites burocráticos y dinamizar la contratación en el sector, asegurando que el Código Sustantivo del Trabajo sigue amparando el pago de los recargos legales.

A pesar de los comunicados aclaratorios, la centrales obreras y asociaciones de guardias se declaran en estado de asamblea permanente y no descartan jornadas de protesta pacífica hasta que existan garantías explícitas de que ni un solo recargo nocturno u hora extra será recortado.