Un polémico y debatido proyecto de ley vuelve a ponerse sobre la mesa de discusión legislativa con una propuesta de alto impacto: exigir que todas las iglesias, templos y confesiones religiosas del país se inscriban formalmente ante las cámaras de comercio y comiencen a tributar sobre sus actividades de carácter mercantil.

La iniciativa busca modificar el régimen especial que histórica y tradicionalmente ha cobijado a las organizaciones religiosas. De acuerdo con los promotores de la propuesta, si bien las actividades estrictamente vinculadas al culto, la fe y la liturgia se mantendrían exentas de gravámenes, aquellas congregaciones que operen negocios paralelos —como canales de televisión, comercialización de bienes, grandes bienes raíces, editoriales, instituciones educativas privadas o inversiones financieras— deberán rendir cuentas claras ante el Estado.

El articulado plantea dos obligaciones fundamentales:

  • Formalización mercantil: Obligar a las entidades religiosas a registrarse en las cámaras de comercio locales cuando desarrollen operaciones económicas ajenas a la labor espiritual, homologando su estatus frente a las dinámicas del mercado nacional.
  • Tributación diferenciada: Establecer que los ingresos netamente comerciales sean declarados bajo el régimen ordinario del impuesto sobre la renta, obligando a las iglesias a separar contable y patrimonialmente los dineros de los fieles destinados al culto de aquellos provenientes de su actividad económica o empresarial.

La propuesta ha desatado un intenso debate nacional. Mientras sectores defensores de la medida argumentan que se trata de un asunto de equidad fiscal y equidad de competencia frente al comercio tradicional, los líderes religiosos y diversos sectores conservadores califican la iniciativa como una vulneración a la libertad de cultos y una intromisión estatal en la labor social y espiritual que realizan los templos en las comunidades más vulnerables.

El proyecto comenzará su trámite oficial en el Congreso de la República, donde se pronostica una ardua discusión debido a las profundas divisiones políticas que genera el cruce entre religión, fiscalización y finanzas públicas.