Un proceso de contratación adelantado por la Gobernación de Casanare, destinado a la adquisición de equipos médicos por un valor superior a los 6.300 millones de pesos, se encuentra bajo la lupa debido a denuncias sobre presuntas exigencias restrictivas que habrían terminado limitando la pluralidad de oferentes y direccionando el proceso hacia un único participante.

El proyecto, estructurado para robustecer la red de salud pública en el departamento, generó fricciones y desconfianza entre diversos actores del sector tecnológico y farmacéutico. Según los cuestionamientos formulados por veedores y posibles interesados, los pliegos de condiciones habrían incorporado especificaciones técnicas muy específicas y requisitos de experiencia poco comunes en el mercado regional y nacional, lo que obstaculizó la participación de múltiples empresas.

Ante este escenario, gremios y veedurías ciudadanas exigen que los entes de control —como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría— intervengan de manera preventiva para revisar la transparencia del proceso contractual. Los críticos señalan que este tipo de contratación con proponente único vulnera los principios de libre competencia y selección objetiva consagrados en la contratación estatal, poniendo en entredicho el manejo eficiente de los recursos públicos destinados a la salud de los casanareños.

Por ahora, la administración departamental enfrenta la presión de responder públicamente a los cuestionamientos técnicos y jurídicos, garantizando que la ejecución de estos millonarios recursos cumpla estrictamente con las normativas de transparencia y beneficie de manera abierta y plural a la red hospitalaria de la región.