El representante a la Cámara Daniel Briceño anunció la radicación de un proyecto de ley enfocado en transformar los procedimientos de control vial, buscando poner freno a los abusos y garantizar el debido proceso para los conductores que operan aplicaciones de movilidad como Uber, DiDi, Cabify e inDrive.

La iniciativa apunta directamente al polémico comparendo D12, sanción aplicada tradicionalmente bajo el argumento de destinar un vehículo particular a un servicio diferente al autorizado en su licencia de tránsito, el cual conlleva costosas multas y la inmovilización prolongada del automotor en patios.

Los tres puntos clave de la propuesta

El congresista señaló que los operativos actuales vulneran con frecuencia las garantías fundamentales de los ciudadanos que derivan su sustento de estas aplicaciones. Por ello, la normativa plantea tres restricciones esenciales para los agentes de tránsito:

  • Prohibición de revisión de celulares: Ninguna autoridad vial podrá exigir ni inspeccionar arbitrariamente los teléfonos personales de los conductores en busca de pruebas digitales de las aplicaciones.
  • Cese de interrogatorios a pasajeros: Los agentes no tendrán la facultad de someter a los usuarios a indagatorias o cuestionarios forzados en plena vía pública para constatar la naturaleza del viaje.
  • Garantía de debido proceso: Se exigirá el cumplimiento estricto de garantías procesales en todo el territorio nacional antes de proceder con la imposición automática de la sanción y la retención del vehículo.

«Los conductores de plataformas no son delincuentes, son gente honrada que trabaja para llevar el pan a su casa», enfatizó Briceño al justificar la necesidad de frenar las prácticas discrecionales durante los operativos.

El impacto en los patios y el debate nacional

Actualmente, las consecuencias del comparendo D12 resultan drásticas para la economía de los conductores, contemplando inmovilizaciones que van desde los 5 días en su primera infracción, hasta 20 o 40 días en casos de reincidencia, afectando gravemente el flujo de caja de miles de familias.

Mientras los gremios de transportadores tradicionales exigen rigor ante lo que consideran una competencia desleal, sectores a favor de la iniciativa celebran que se busque frenar la persecución en carretera, abriendo un nuevo capítulo en el dilatado debate sobre la regulación de las plataformas digitales en el país.