En una decisión orientada a depurar el sector y garantizar un estricto cumplimiento de la ley, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó la cancelación formal de las licencias de funcionamiento a un grupo de empresas de seguridad privada que operaban en el país y que habrían incurrido en graves irregularidades.

La medida, ejecutada a través de los organismos de control y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, responde a auditorías recientes que detectaron fallas críticas en los protocolos de habilitación, irregularidades en el manejo y porte de armamento, así como vínculos con prácticas operativas fuera del marco legal establecido.

El Gobierno Nacional señaló que la seguridad ciudadana y el monopolio legítimo de la fuerza no pueden ser instrumentalizados por estructuras que violen las normativas vigentes. Asimismo, advirtieron que los controles se intensificarán en todo el territorio nacional para verificar que las compañías del sector cumplan a cabalidad con los estándares exigidos para operar.

Las autoridades de control ya han tomado medidas para garantizar que el personal que operaba en dichas empresas sea reubicado o que los servicios a los clientes sean asumidos por firmas debidamente legalizadas, evitando desprotección en los frentes que cubrían las entidades sancionadas.