El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, expidió un decreto de emergencia económica, social y ecológica sin precedentes para encarar la crisis provocada por el sismo de magnitud 7,4. Con un enfoque de choque fiscal e intervención directa, la administración busca movilizar recursos extraordinarios y garantizar auxilio inmediato a miles de familias damnificadas.

El eje central: Subsidio temporal de arriendo

Para responder a la crisis habitacional de miles de familias que perdieron sus casas en zonas como Chocó, Cali, Pereira y Manizales, se oficializó un apoyo económico temporal dirigido al arrendamiento. El beneficio está condicionado a la evaluación técnica de habitabilidad realizada por los organismos de socorro.

Las 7 medidas clave del decreto de emergencia:

  1. Gasto prioritario y redistribución presupuestal: Recorte inmediato de partidas no prioritarias asignadas a programas de administraciones anteriores para dirigir la liquidez exclusivamente a la reconstrucción.
  2. Creación de fondos especiales: Constitución de subcuentas dedicadas a financiar infraestructura vial, hospitales e inversión social en los 15 departamentos cobijados por la emergencia.
  3. Alivios tributarios y exenciones temporales: Flexibilización de cargas fiscales, aduaneras y cambiarias para reactivar el comercio e inyectar capital en los municipios golpeados.
  4. Presión y celeridad a aseguradoras: Fijación de plazos obligatorios de máximo dos años para que las compañías de seguros agilicen las indemnizaciones por inmuebles colapsados o con fallas estructurales.
  5. Apalancamiento y cooperación internacional: Activación de créditos contingentes y ejecución de asistencia técnica y económica con banca multilateral, con compromisos de ayuda que superan los mil millones de dólares.
  6. Fortalecimiento de capacidades locales: Autorización a alcaldías y gobernaciones para realizar traslados presupuestales expeditos y contratar bienes o servicios de respuesta inmediata sin dilaciones.
  7. Rigor y transparencia fiscal: Fiscalización estricta de cada peso ejecutado bajo el principio de gasto no negociable, evitando desvíos durante la atención de la catástrofe.

El decreto, firmado por la totalidad del gabinete ministerial, marca la hoja de ruta con la que la Casa de Nariño busca estabilizar los territorios afectados y reconstruir la infraestructura básica del país en tiempo récord.