El Ministerio del Trabajo provocó una fuerte sacudida jurídica en el sector laboral colombiano al expedir la Resolución 2708 de 2026, mediante la cual derogó y dejó sin efectos 11 circulares administrativas e internas. Entre los instrumentos anulados se encuentran la Circular 120 de 2025 y las Circulares 0049 y 0057 de 2026, las cuales fijaban los criterios procedimentales exigidos a las empresas para tramitar la autorización de despido de personas con estabilidad laboral u ocupacional reforzada por motivos de discapacidad o salud.

La decisión gubernamental generó un fuerte rechazo en las centrales sindicales y defensores de derechos humanos, mientras que gremios empresariales como Fenalco respaldaron el desmonte, argumentando que las circulares excedían el marco legal e imponían cargas desproporcionadas a los empleadores.

Las claves de la medida y la controversia legal:

  • El argumento oficial: La cartera laboral justificó la depuración normativa señalando que las instrucciones administrativas no pueden funcionar como fuentes autónomas de obligaciones o requisitos procedimentales para terceros sin una norma de rango legal que las sustente.
  • Alcance de la estabilidad reforzada: El Ministerio del Trabajo aclaró que la derogatoria de las circulares administrativas no elimina el fuero de salud ni la protección constitucional. La obligación del empleador de acudir al inspector de trabajo o mantener los mandatos de la jurisprudencia constitucional sigue vigente bajo las leyes sustantivas y fallos de la Corte.
  • Polémica sindical: Voceros del Comando Nacional Unitario denunciaron que el desmonte simultáneo de estos protocolos debilita la capacidad de vigilancia del Estado e incrementa la incertidumbre sobre el trámite administrativo de despidos y la exigencia de reubicaciones o «ajustes razonables».

El Gobierno deberá expedir en los próximos meses los nuevos manuales e instrumentos operativos de inspección adaptados a los parámetros legales existentes.