En un contundente giro a la política de seguridad y paz del país, el Gobierno Nacional confirmó de manera categórica que no mantendrá ni abrirá mesas de diálogo con grupos armados al margen de la ley que continúen cometiendo atentados, secuestros y extorsiones contra la población civil. La determinación marca un endurecimiento en las condiciones para cualquier eventual acercamiento.

Desde la Casa de Nariño se enfatizó que la disposición al diálogo no puede ser interpretada como una patente de corso para el delito, fijando como requisito indispensable la suspensión inmediata de las acciones violentas para considerar cualquier canal de interlocución.

Puntos clave de la determinación oficial

  • Exigencia de gestos reales: Se condiciona cualquier conversación a la suspensión de hostilidades, el cese del secuestro y la desactivación de ataques a la infraestructura y la ciudadanía.
  • Despliegue de la Fuerza Pública: La orden presidencial faculta a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para intensificar las operaciones ofensivas en los territorios con alta presencia de grupos delincuenciales.
  • Líneas rojas institucionales: El Ejecutivo remarcó que la soberanía y la seguridad de las comunidades no serán objeto de negociación en ninguna mesa de conversación.
  • Reacción regional: Mandatarios locales y departamentales respaldaron la decisión, señalando la urgencia de devolver el orden público y la tranquilidad a los municipios más afectados por el accionar armado.

Con este anuncio, la administración nacional reconfigura su estrategia en las regiones, supeditando el trabajo de paz a resultados concretos en materia de seguridad y protección ciudadana.