Un proyecto de ley en curso en el Congreso busca modificar de manera radical las condiciones, garantías y obligaciones de los contratos de prestación de servicios en Colombia, tanto en el sector público como privado. La iniciativa pretende otorgar mayores beneficios a los contratistas y fijar nuevas responsabilidades a los contratantes.

  • Periodo de descanso obligatorio: Se propone la creación de un descanso de 16 días calendario consecutivos al año (proporcional al tiempo de duración del contrato), el cual no podrá ser reemplazado por compensación en dinero ni afectar el valor de los honorarios. Para contratos mayores a 90 días, estos días deberán disfrutarse en bloques mínimos de cuatro días continuos.
  • Plazos estrictos y multas por mora en los pagos: Se fijan límites máximos de 15 días calendario (para entidades nacionales, departamentales, distritales y municipios de categoría especial y primera) y de 30 días (para municipios de segunda a sexta categoría) para el pago de honorarios. Si la entidad o empresa se atrasa, deberá reconocer una compensación diaria equivalente a un día de honorarios por cada jornada de retraso.
  • Gestión de la seguridad social por parte de la entidad: El proyecto plantea que las entidades públicas asuman el proceso de realizar los descuentos y pagos de los aportes obligatorios a través de la PILA directamente de los honorarios, además de reportar las novedades de inicio, suspensión y terminación.
  • Protección reforzada frente a la terminación anticipada: Se restringiría la cancelación anticipada del vínculo cuando el contratista atraviese situaciones de debilidad manifiesta por salud, discapacidad, embarazo o periodos equivalentes a licencias de maternidad y paternidad.
  • Exámenes médicos y pólizas: Se estipula que los exámenes médicos ocupacionales exigidos para la contratación deberán ser asumidos en su totalidad por la entidad contratante sin trasladar el costo al trabajador. Asimismo, se eliminaría la obligatoriedad de exigir pólizas de cumplimiento en contratos de prestación intelectual o de asesoría donde no se manejen recursos públicos ni anticipos.