Una profunda conmoción diplomática y constitucional sacude al país tras revelarse que el Gobierno Nacional explora retirar formalmente a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI) mediante la denuncia del Estatuto de Roma. La información, originada en fuentes diplomáticas de La Haya, encendió las alarmas de organismos defensoras de derechos humanos, la academia y la administración de justicia, que advierten sobre un inminente riesgo de desprotección para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos fundamentales.

Analistas y corporaciones civiles señalan que este movimiento podría inscribirse dentro de un cambio de orientación en política exterior, alineado con tensiones internacionales y presiones geopolíticas globales contra el tribunal de La Haya.

Alerta por desprotección a víctimas y marcha atrás institucional

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Corporación Reiniciar, catalogaron la iniciativa como una renuncia peligrosa al sistema de justicia complementario que ha servido de garante frente a delitos de máxima gravedad.

  • Pérdida de la instancia subsidiaria: La CPI representa la última opción para juzgar genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cuando la justicia ordinaria interna no puede o no quiere actuar.
  • Incertidumbre sobre la JEP: Sectores del país advierten que prescindir del paraguas de La Haya dejaría a los sistemas transicionales locales sin el respaldo y la supervisión del marco penal internacional.
  • Impacto geopolítico: Sectores críticos denuncian que la medida pondría en riesgo la posición diplomática del país al desmantelar compromisos históricos en materia de memoria y garantías de no repetición.

El laberinto legal: La JEP aclara que no habrá impunidad retroactiva

Frente a la alarma generada, autoridades judiciales salieron al paso para precisar el alcance real de una eventual renuncia. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, aclaró que denunciar el tratado no es un trámite automático ni suspende las investigaciones en curso.

«Mire lo que pasó con Filipinas: se retiró en 2018 y el retiro surtió efectos después, pero la CPI mantiene la competencia sobre todo lo ocurrido mientras el país fue Estado parte. Salirse no detiene las investigaciones hacia el pasado.»

Juristas y expertos constitucionalistas señalaron además en medios como La Nueva Prensa que la retirada exige atravesar un complejo engranaje de control parlamentario e ineludibles revisiones ante la Corte Constitucional, por lo que una simple carta ejecutiva no basta para desvincular al Estado colombiano.