El Ministerio de Educación Nacional abrió a consulta pública un proyecto de decreto que modifica la reglamentación para contratar la prestación del servicio educativo en los colegios oficiales cuando exista insuficiencia en la capacidad estatal. La borrador de norma abre la posibilidad de que entidades privadas, así como confesiones religiosas e iglesias, participen en esquemas de administración o apoyo a la operación de establecimientos públicos.

Alcance del borrador reglamentario

La iniciativa contempla contratos de administración de la prestación del servicio educativo por periodos que irían entre los 2 y los 12 años con operadores privados que acrediten experiencia en el sector. Asimismo, abre la puerta para que organizaciones religiosas aporten en aspectos de acompañamiento pedagógico, apoyo docente o material didáctico. Los trabajadores contratados bajo estos esquemas por terceros estarían regidos por el régimen laboral privado.

Reacciones y postura oficial

El borrador del borrador ha suscitado un fuerte debate. Sectores sindicales y de la educación pública expresaron su preocupación argumentando que la figura abre la puerta a la privatización y precariza las condiciones de la planta docente. Por su parte, la cartera de Educación aclaró que se trata de una medida de carácter excepcional frente a la insuficiencia comprobada de cupos. De igual forma, precisó que la titularidad de los colegios sigue siendo 100% pública y que la vinculación de entidades religiosas es una figura contemplada en el marco legal desde hace más de tres décadas.