Un nuevo proyecto de ley radicado en el Congreso de la República por la bancada del partido Centro Democrático busca otorgarle facultades extraordinarias al presidente Abelardo de la Espriella por un periodo de seis meses. La iniciativa tiene como objetivo central permitirle al Ejecutivo reorganizar la estructura de la administración pública nacional —lo que incluye suprimir, fusionar o modificar ministerios y entidades adscritas— mediante normas con fuerza de ley, evitando así el paso de cada ajuste individual por el debate legislativo ordinario.

De acuerdo con los promotores de la iniciativa, la medida responde a la necesidad urgente de reducir el tamaño del Estado, combatir el déficit fiscal y propiciar una política de austeridad. Los cálculos de los congresistas estiman que la reestructuración estatal podría generar un ahorro de al menos el 2% del PIB, equivalentes a unos 42 billones de pesos, recursos que —según se plantea— se canalizarían hacia la reducción de impuestos y la inversión social.

Puntos clave de la iniciativa:

  • Facultades temporales: Se concederían por un plazo estricto de seis meses contados a partir de la aprobación de la ley.
  • Alcance de la medida: El Ejecutivo estaría facultado para fusionar, suprimir o transformar ministerios, modificar plantas de personal, reasignar competencias y redistribuir recursos presupuestales.
  • Límites estrictos: El proyecto establece de manera explícita que las decisiones adoptadas bajo estas facultades extraordinarias no podrán incrementar el gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación. Asimismo, la iniciativa excluye expresamente a la Rama Judicial, los organismos de control y la organización electoral.
  • Antecedentes: Los defensores del proyecto recuerdan que figuras similares se han aplicado en administraciones pasadas para sanear las finanzas públicas y agilizar la arquitectura institucional del Estado.

El articulado comenzará su discusión formal en las comisiones constitucionales del Congreso, donde se prevé un intenso debate político en torno a la conveniencia de delegar dichas competencias en la rama ejecutiva y el alcance real que tendrían los recortes ministeriales proyectados.