A pesar del despliegue masivo de tropas, sobrevuelos de la Fuerza Aérea y la orden directa del Gobierno Nacional de militarizar la capital del Magdalena, Santa Marta amaneció este miércoles con un panorama desolador. Las principales avenidas y zonas comerciales lucen prácticamente semidesiertas, marcadas por el miedo, la suspensión del transporte público y el cierre generalizado de establecimientos.

La medida de excepción fue ordenada por el Ejecutivo tras la escalada violenta y las amenazas de un paro armado de 48 horas decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en retaliación por operativos de la Fuerza Pública en los que cayó abatido alias Cholo, señalado segundo cabecilla de esa estructura. Aunque el Gobierno incrementó el pie de fuerza con patrullajes mixtos, tanquetas y controles en la Troncal del Caribe, los habitantes han optado por el confinamiento voluntario ante los ataques a bala contra locales comerciales y la quema de vehículos reportados en las últimas horas.

El impacto económico es crítico. Gremios del sector transportador y comercial advierten que las pérdidas diarias ascienden a multimillonarias cifras, con miles de toneladas de carga represadas y el sector turístico virtualmente paralizado.

Mientras sectores políticos respaldan la respuesta coercitiva del Estado argumentando que «a los terroristas no se les cede terreno», analistas y legisladores advierten que la presencia militar en las calles es insuficiente si no se desmantelan las redes financieras y de control territorial que estas estructuras criminales ejercen en la región. Las autoridades locales mantienen vigentes medidas restrictivas, como la prohibición del parrillero en moto y toques de queda sectorizados, a la espera de que el flujo comercial e institucional retorne de forma gradual una vez concluya la alerta armada.