Frente a la revocatoria de la Resolución 0994 de 2026 por parte del Ministerio de Ambiente —medida expedida en los últimos días del gobierno saliente que protegía 1.499 hectáreas en la microcuenca La Baja—, el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, ha fijado su postura en defensa del agua y la seguridad jurídica regional.

Lo que sostiene la Gobernación

El mandatario departamental enfatizó que la protección del agua para Bucaramanga y el área metropolitana es prioritaria e innegociable, pero advirtió sobre la importancia de actuar bajo estricto apego a la ley:

  • Defensa irrestricta del agua: Reiteró que el ecosistema de Santurbán abastece a más de 2 millones de habitantes y que no se pueden permitir decisiones que pongan en riesgo las fuentes hídricas.
  • Respeto al debido proceso: Señaló que la derogatoria expedida por el Gobierno Nacional busca subsanar fallas administrativas y vacíos en la consulta ciudadana, tal como lo ordenaron fallos judiciales en Bucaramanga.
  • Garantías socioeconómicas: Solicitó que en la nueva evaluación técnica y jurídica no solo se escuche a los ambientalistas, sino también a las comunidades mineras tradicionales de la provincia de Soto Norte (como Vetas y California), quienes requieren alternativas de sustento claras.

El llamado a las mesas de diálogo

El Gobernador instó al Gobierno Nacional a instalar de manera inmediata mesas de concertación transparentes en el territorio. Según la administración departamental, evitar la polarización y reconstruir la confianza técnica es el único camino para definir un modelo de protección ambiental sostenible que no quede vulnerable a impugnaciones judiciales.