Una revisión exhaustiva realizada por los órganos de control fiscal y disciplinario dejó en claro el estado financiero y administrativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según se conoció, tras la realización de siete auditorías integrales y la emisión de 14 informes detallados, la Procuraduría General de la Nación no ha encontrado evidencias ni hallazgos de corrupción en el manejo de los recursos públicos por parte del tribunal de paz.

Rigurosidad en el manejo presupuestal

Los informes, acumulados a lo largo de las distintas vigencias fiscales desde la puesta en marcha del tribunal, evaluaron rubros clave como la contratación pública, la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión, y los procesos logísticos y administrativos.

A pesar de los constantes escrutinios políticos y de las dudas sembradas por diversos sectores críticos sobre el uso de los dineros destinados al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, las auditorías institucionales ratificaron que los recursos han sido ejecutados bajo los principios de transparencia y vigilancia estricta.

Un espaldarazo a la gestión institucional

Voceros de la JEP señalaron que estos resultados representan un espaldarazo clave a la institucionalidad y al rigor con el que se administran los fondos asignados para cumplir con el mandato de investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno.

Con este balance de los órganos de control, la administración del tribunal busca disipar las dudas sobre su gestión financiera y consolidar la confianza pública en el sistema de justicia transicional.