Las aulas quedaron afectadas tras el poderoso terremoto de magnitud 7,4. 796 escuelas del departamento reportan daños y la educación de miles de niños quedó en pausa.

El Colegio La Carrasquilla Industrial, campus Medrano, en Quibdó, quedó convertido en una muestra de la magnitud del terremoto que golpeó a Chocó. Parte de su estructura colapsó mientras los estudiantes estaban en clase. Pupitres, mochilas, trabajos escolares y otros elementos quedaron entre los escombros, mientras los alumnos corrían para salir del edificio.

La institución, con más de un siglo de historia y alrededor de 3.000 estudiantes, fue sorprendida por el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. Las estudiantes que estaban en las aulas contaron que tuvieron que escapar rápidamente, sin recoger sus útiles ni sus pertenencias, ante el riesgo de que otras partes de la estructura también cedieran.

En imágenes posteriores al terremoto se observa una pared que se desplomó en el segundo piso, además de salones afectados en los que quedaron mochilas, ropa, trabajos de los alumnos y otros objetos cubiertos de polvo.

El impacto sobre el colegio hace parte de una emergencia más amplia para la educación en Chocó y Buenaventura. De acuerdo con las cifras citadas por Unicef, se estima que 796 escuelas en estos territorios han resultado afectadas, lo que amenaza la continuidad de las clases y el acceso de los niños a espacios seguros.

En Chocó, los datos preliminares reportan afectaciones en 28 municipios. El balance incluye 4.124 familias y 13.178 personas afectadas, 13 personas fallecidas y 139 heridas. También se registran 3.199 viviendas averiadas, 468 destruidas, 38 centros educativos afectados, seis acueductos, cinco vías, un puente peatonal y cinco centros comunitarios con daños.

En Buenaventura, un informe técnico de la Pastoral Social, elaborado con información oficial preliminar al 12 de agosto, reportó 287 familias afectadas y 397 familias damnificadas. Además, registró 53 viviendas destruidas, 91 averiadas y 29 instituciones educativas afectadas. Las vías principales tienen tres puntos críticos por deslizamientos y la red hospitalaria permanece en alerta naranja y con alta ocupación.

El mismo documento reportó una afectación aproximada del 70 % de la infraestructura de la Clínica Santa Sofía, según un reporte divulgado, y señaló una necesidad institucional inicial de 15.000 ayudas humanitarias, además de carpas, alimentos, hidratación, insumos de salud y maquinaria.

Para Unicef, el daño en las escuelas tiene una dimensión que va más allá de la interrupción de las clases. Estos espacios cumplen también una función de protección para la niñez y, en medio de una emergencia, los menores pueden quedar expuestos a diferentes riesgos de violencia y explotación.

Olga Lucía Zuluaga, especialista de Emergencias de Unicef, explicó que la organización lleva más de 20 años con presencia permanente en Chocó, donde ha trabajado en asuntos relacionados con niñez, conflicto armado, desastres naturales, pobreza y acceso a servicios como salud y educación.

Tras el terremoto, Unicef activó un plan de contingencia cuya primera línea de atención está concentrada en agua, saneamiento, higiene y protección. La organización entrega agua segura en lugares de alojamiento, kits de aseo para niños y familias, elementos para desinfectar espacios, kits para mujeres gestantes y kits de dignidad para niñas, especialmente destinados a necesidades de higiene menstrual.

También trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para activar rutas de protección para niños que puedan quedar solos, separados de sus familias o expuestos a personas que no conocen en los alojamientos.

La respuesta ya llegó a San José del Palmar, donde Unicef llevó kits y agua para las comunidades afectadas. Allí se identificaron 485 familias afectadas, que representan unas 2.500 personas. La organización busca apoyar a las autoridades en el levantamiento de información para establecer cuántos niños y niñas necesitan atención.

Precisamente, una de las dificultades de la emergencia es la falta de información consolidada. Zuluaga explicó que las autoridades y las comunidades se han concentrado inicialmente en buscar personas desaparecidas, levantar escombros y atender las necesidades inmediatas. Por eso, Unicef trabaja con el ICBF y las alcaldías para contribuir al levantamiento de censos actualizados.

“El gran problema que hemos tenido sobre todo en Chocó y en Buenaventura es que no se ha levantado información de los damnificados. Lo que sigue después de estos primeros días de la emergencia es todavía más complicado porque se acaban las ayudas, se baja un poco toda esta respuesta que se ha venido dando, sobre todo en alimentos”, indicó. 

La organización prepara además una segunda etapa de respuesta enfocada en educación. En los lugares donde los colegios no puedan ser utilizados se prevé la instalación de aulas temporales, con actividades de aprendizaje flexible y entrega de kits educativos y pedagógicos.

En salud, Unicef contempla acompañamiento para niños de primera infancia y mujeres gestantes y lactantes mediante los hospitales, además de personal adicional para vacunación, identificación de casos de desnutrición y atención básica de enfermedades.

Zuluaga advirtió que el problema no terminará cuando pase la primera etapa de la emergencia. Después de los primeros días, cuando disminuya la llegada de alimentos y ayudas, comenzará el desafío de encontrar soluciones duraderas para las familias que perdieron sus viviendas y para los estudiantes que no puedan regresar a sus colegios.

La especialista también señaló que Chocó y Buenaventura enfrentan condiciones históricas de pobreza y dificultades para acceder a agua segura, salud, educación y nutrición, además de las consecuencias del conflicto armado. En el caso de Chocó, recordó que durante 2025 fue el departamento con mayor índice de confinamientos.

“Este tipo de eventos lo que hacen es aumentar esas inequidades y esa situación de pobreza y desigualdad que se presenta en el territorio. Es una población que sufre por todas esas condiciones, por no tener acceso a agua segura, por no tener educación de calidad, porque los servicios de salud son críticos, pero además que sufren de un desplazamiento forzado grandísimo”, explicó la especialista. 

Por eso, Unicef pidió al Gobierno, a los organismos de cooperación y al sector privado priorizar estos territorios en la respuesta. El llamado apunta a mantener las ayudas más allá de los primeros días y avanzar hacia la recuperación de comunidades que, antes del terremoto, ya enfrentaban profundas desigualdades.